La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) es una entidad de carácter técnico, independiente, autónomo y permanente, creada en 2015, en el marco de un conjunto de medidas que contempló la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. Cristián Romero, su actual director jurídico, se refiere al debate sobre la permisología de proyectos, especialmente en el ámbito minero y energético.

Una de las características principales de la CNEP es su autonomía e independencia del gobierno de turno. Pese a eso, según palabras de Romero, nuestro país, desde el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ha seguida una cierta lógica, política y económica, similar de trabajo. El objetivo de la entidad es mejores prácticas en políticas públicas dada la evidencia local e internacional. Además, busca mejorar la productividad del país, calidad regulatoria, evaluación de políticas y programas públicos; para optimizar la calidad de vida de las personas.

Creada bajo el segundo gobierno de Michell Bachelet Mira, la CNEP nació siguiendo el modelo de comisiones que actualmente están presentes en varios países de la OCDE, pero fundamentalmente en Australia y Nueva Zelanda. “Es una especie de centro de estudios que está alojado dentro del gobierno. Tiene un grupo de consejeros ajenos al Estado, pero que tienen un prestigio académico y profesional, y experiencia en temas de política pública, lo que les da independencia política”, indica el director jurídico del ente a Minería del Mañana.

Uno de los temas trascendentales de Chile en el último tiempo, ha sido la demora en la aprobación de grandes proyectos, en especial mineros y energéticos, lo que ha abierto el debate mediante el concepto de permisología. Por lo mismo, Cristián Romero señala que “hemos tratado de darle objetividad a la discusión de la permisología en Chile”. Y agrega: “Desde el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se han hecho una serie de reformas legales o reglamentarias en temas microeconómicos que, fundamentalmente, tratan de destrabar algunos aspectos que deberían permitir que nuestra economía funcione más fluidamente”.

Por lo mismo, en 2018, se hizo un estudio y un levantamiento bien grande de todos los permisos que requerían distintos proyectos de inversión. A partir de ese estudio, la CNEP, indica Cristián Romero, le ha dado continuidad a esa labor a lo largo de tres gobiernos distintos. “El modelo de trabajo ha sido el mismo y ha permitido que podamos profundizar y mejorar la mirada. Estamos hablando de permisos ambientales y sectoriales. Estamos hablando del SEA y del Consejo de Unión Internacional. Entonces, hicimos una cierta mitigación que permitió aclarar bastante la discusión, ya que el tema no se basa en la percepción de una o más empresas”, sostiene.

Mejorar la tramitación

Cristián Romero agrega que en 2023 se hizo un levantamiento de todos los permisos que habían sido otorgados en los últimos cinco años. Y, según indica, cuando se analizan más de 100 mil permisos se pueden señalar ciertas tendencias. “Hay permisos para acceder al territorio, para las líneas de bases ambientales, la propia RCA y los permisos sectoriales. En todos ha habido una tendencia a aumentar sus plazos de tramitación. Y, lo segundo, es que se ha profundizado, en los últimos dos o tres años, en aumentar los niveles de rechazo sobre todos en los permisos más complejos”, explica.

Esto último ha desencadenado en una especie de incertidumbre en el inversionista, de todo tamaño, para hacer un proyecto. “Y la verdad es que el tema ha ido mutando, desde no solamente que se demoran mucho, sino que uno no sabe cuánto se va a demorar. Y ese probablemente es el elemento central actualmente”, añade el director jurídico.

Chile, en la actualidad, tiene un sistema de más de 300 permisos de distinto tipo, para cualquier proyecto de inversión. Por lo mismo, Cristián Romero señala que esa cantidad son una especie de semáforo para cualquier actividad económica. “En Chile, que no es tan distinto a lo que pasa en casi todos los países, con cierto grado de desarrollo y estado de derecho, hay distintos objetivos de protección. Por lo tanto, distintos servicios públicos protegen distintas cosas, por ejemplo, el medio ambiente, la salud y la estabilidad de las construcciones”, sostiene.

Finalmente, Cristián Romero señala que se están haciendo esfuerzos bien importantes en mejorar esta tramitación. Hoy en día se está trabajando, a nivel gubernamental, en un estudio de permisos prioritarios para la inversión. Por lo mismo, se ingresó un proyecto de ley que busca modificar el sistema de permisos sectoriales. “Y en paralelo, desde el ministerio de Medio Ambiente se ingresó otro proyecto que busca modificar la Ley 19.300 en cuanto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Es una iniciativa positiva por tratar de unificar ciertos criterios para la aplicación de estos permisos”, concluye.