Hoy la agenda política y económica, en materia energética, está cargada al aumento de las tarifas eléctricas, tanto a nivel domiciliario como industrial. El congelamiento de las alzas, ocurridas en 2019 y 2022, ha hecho meditar sobre qué tan necesarias y suficientes fueron esas medidas. Daniel Gutiérrez, socio fundador de BGS Energy Law, entrega las lecciones a Hágase la Luz de esta buena o mala receta.

Por lo mismo, hace algunos días el ejecutivo anunció un nuevo proyecto de ley, que se haría cargo, a través de nuevos recursos, de subsidiar y de cautelar los intereses de las familias más vulnerables de la población. Lamentablemente, el proyecto de ley aprobado en abril, PEC III, no resultó suficiente y con el nuevo reglamento se esperan conseguir los suficientes recursos para mitigar las alzas tarifarias.

Daniel Gutiérrez posee un magíster en Derecho Público en la Universidad de Concepción y su carrera profesional se ha desarrollado en estudios jurídicos y empresas del sector eléctrico. Además, es fundador de BGS Energy Law, constructora especializada en regulación eléctrica. Por lo tanto, un experto para analizar, en primera instancia, los proyectos PEC I y PEC II, y cómo estos se han convertido en un mal compromiso para el actual gobierno.

El abogado señala que uno de los principios fundamentales de la regulación eléctrica, que es donde descansa el diseño regulatorio eléctrico, es que las tarifas deben representar fielmente los costos reales, es decir, contemplando los sistemas de generación, transmisión y distribución, entre otros. “Y en el caso de Chile, el regulador es la Comisión Nacional de Energía (CNE), que forma parte del Estado, siendo uno de los principios, el momento de tarificar, la eficiencia y la eficacia, algo que no ha existido”, indica.

Respecto a los proyectos pasados, Daniel Gutiérrez tiene una opinión dispar. Por ejemplo, con el PEC 1, de 2019, lo encuentra oportuno y pertinente, debido a la crisis social de Chile, pero donde además influyeron temas externos que hicieron que el valor de límite aumentara. “Lo que ocurre después con el PEC II, es que las condiciones anteriores no habían cambiado, es decir, el escenario era igual. Ahí se perdió una oportunidad de poder sincerar las tarifas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que ese PEC fue innecesario”, sostiene.

El futuro tarifario

El socio fundador de BGS Energy Law indica que con el PEC III, de abril de este año, las autoridades se están haciendo cargo al descongelar las tarifas, entre otras medidas; algo que, para el abogado, era muy necesario. “Respecto a los aspectos positivos o negativos (de los anteriores PEC), yo lo vería como espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje es que, lamentablemente, cuando se legisla y cuando se regula bajo la contingencia, generalmente el producto va a ser deficiente”, indica.

En los últimos días, el ejecutivo anunció un nuevo proyecto para aumentar los recursos y también tomar algunas medidas al respecto. Por ejemplo, entre las alternativas, se incluyen una sobretasa del impuesto a las emisiones de CO2, una sobretasa del cargo de servicio público, un mayor aporte estatal y una reforma al precio estabilizado a los PMGD, que se haría para disminuir los precios de energía en un 7% a partir de 2025.

Daniel Gutiérrez señala que el proyecto parece atendible, pero que tiene ciertos reparos. “Respecto al cargo por servicio público, principalmente al consumidor industrial, yo tendría mucho cuidado con aquello, ya que los representantes de la industria están manifestando reparos. La administración puede ganarse un conflicto político con un sector muy importante industrial (minero)”, indica.

Por otro lado, sobre una sobretasa temporal del impuesto a las emisiones de CO2, el socio de BGS Energy Law señala que le parece bien internalizar las externalidades negativas de los que generan emisiones contaminantes. Algo que parece de sentido común, agrega. “Pero sí parece de sentido común, por qué es temporal y no permanente, sobre todo pensando en la transición energética y en combatir el cambio climático. Luego se tendría que establecer cuál será el mecanismo o si va a ser recaudatorio o correctivo”, insiste.

Finalmente, Daniel Gutiérrez insta a que estos episodios sirvan como especie de aprendizaje, ya que se están regulando actos de urgencia. “Yo creo que podemos tocar una tecla más profunda, que es la poca claridad de la política pública energética en Chile. Y no es por falta de herramientas jurídicas. Como sociedad, debemos calibrar en qué lugar de la transición energética nos queremos situar”, sentencia.