Los instrumentos de ordenamiento territorial en Chile son fundamentales para el desarrollo del sector, en este contexto actual de transición energética. Por ello, Annie Dufey dirigió el estudio “Habilitantes para la Transición Energética de Chile”, donde se analizaron, entre otras cosas del sector, las prácticas y normas de gestión territorial, identificación de brechas y propuestas de mejora.

El estudio subraya la necesidad de un marco normativo que permita la integración de nuevas infraestructuras para dicho propósito. Además, se abarcan los segmentos de generación, almacenamiento, transmisión e hidrógeno verde para Chile. Este análisis fue hecho por Karungen, EBP y Táctica, y estuvo bajo la dirección de la propia economista y de Nicola Borregaard.

El trabajo tuvo 13 meses de elaboración y contiene un extenso informe que abarca la identificación de instrumentos existentes, el análisis de experiencias internacionales, el diagnóstico de brechas y recomendaciones para policy makers. “El proyecto de ACERA tiene que ver con afrontar los desafíos que ellos visualizan para poder seguir desarrollando proyectos de energía renovable”, contó Dufey a Hágase la luz.

Por ejemplo, añadió la economista, además se analizó la infraestructura asociada y la inserción territorial para cumplir con la meta de la carbono neutralidad. “Incluso más, tiene que ver, a corto plazo, con desmalantelamiento de las centrales a carbón al 2030, donde se requiere doblar la capacidad de proyectos de energía renovable”, agregó.

En esa gestión territorial para la transición energética convergen varios ámbitos relevantes de instrumentos institucionales o políticas públicas. Por ejemplo, normativas de planificación territorial y de ordenamiento de las políticas de cambio climático, para reducir las emisiones de GEI. “Además, hay planes de ordenamiento territorial regionales, comunales y de borde costero”, indicó.

Relacionamiento comunitario

Annie Dufey señaló que hoy en día en el país sí existe una institucionalidad en torno a la gestión territorial para la planificación energética, pero que esta es muy reciente. Para ello, hoy se cuenta con la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), que involucra a 12 ministerios y es el ente encargado de articular estos instrumentos.

En el estudio se mapearon 60 instrumentos distintos, por ejemplo en términos energéticos y climáticos, y en distintas escalas territoriales, como comunales, intercomunales y locales. “Hay que potenciarla y fortalecerla. Por ejemplo, hay un proceso de descentralización y además entregar recursos financieros y humanos, con capacidad de gestión. Si no tienes una buena gobernanza y no entiendes cómo se articulan estos instrumentos, tienes un problema”, explicó.

Dufey agregó que en el estudio se tomó como caso la relación del sector minero con los territorios, dado sus mejores políticas de inserción y la importancia para el país que tienen esos proyectos. “Tenemos que usar los proyectos energéticos como un motor de prosperidad para las comunidades. Pero si las empresas no tienen buenas políticas de valor compartido, en forma paralela, no van a poder desarrollar proyectos”, afirmó.

Finalmente, Annie Dufey analizó el precario escenario de la distribución eléctrica a propósito del problema ocurrido por las lluvias de mediados de año, que dejaron sin suministro a una parte importante del país. “La falta de distribución es evidente. Este evento climático extremo mostró un desafío mayor en términos de capacidad de respuesta de las empresas ante este fenómeno y además un retraso importante del proceso regulatorio”, señaló.