Claudia Valdés desconoce cómo el Royalty se distribuirá económicamente en cada región

Desde el año 1998, la empresa Best Business Solutions Consulting (BBSC) trabaja asesorando a las compañías en materia de seguimiento tributario, planificación estratégica, análisis financiero, outsoursing contable, balanced scorecard, tecnología de la información, asesoría legal y auditoría, entre otros. Claudia Valdés, su gerente general, analiza uno de los temas importantes de la agenda minera: la Ley del Royalty.

El pasado 3 de agosto, en Mejillones, se promulgó este nuevo reglamento que busca recaudar cerca de 450 millones de dólares, monto que será destinado a impulsar el desarrollo productivo de algunas regiones del país. Se indica que, a partir del año 2024, un 0,45% del PIB, irá en beneficio de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

La Ley involucra a las grandes mineras que operan en nuestro país y cuyas ventas provengan en más de un 50% del cobre, con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. “Veo poco clara esa parte de la Ley. No hay una explicación de cómo llegará ese dinero a cada región. Si será por número de habitante, por índica de pobreza, etc. Además, hay regiones que están sobrepobladas en comparación con otras”, indica Claudia Valdés, quien conversó con Eduardo Fuentes, en Minería del Mañana.

Según indica la gerente de BBSC, el aporte del Royalty es concreto, tangible, matemático, de cálculo, ya que hay que mirar documentos y controlar los bienes. “En este caso, el dinero es fungible, ya que este llega a las arcas fiscales y se distribuye. Creo que debe haber un elemento ponderador. Pienso que este tema es un gancho comercial, como una forma de justificarla”, advierte.

Opinión diversa

La empresa BBSC lleva largo tiempo en asesorías de planificación estratégica. Según señala Claudia Valdés, hoy en día es importante, como experiencia profesional, trabajar en outsourcing contable y temas tributarios. Además, comenta, que hacen periódicamente, por ejemplo, seminarios de análisis de los estados financieros, y también eventos internos para capacitar en forma constante a su equipo profesional.

“Tenemos un área legal bastante sólida, que atiende servicios en materia legal tributaria, y también en temas legales y laborales. Nuestro servicio va desde la tecnología de la información, implementando sistemas, hasta llegar a temas de estrategia, planificación y cumplimiento. Estamos conectados con todo Chile, entregando nuestras mejores herramientas y con una mirada integral”, explica.

Otro de los ámbitos que critica Valdés, respecto de la promulgación de la Ley del Royalty, tiene que ver con el cambio en las reglas del juego. “Cualquier profesional que se dedique a la planificación estratégica, de mediano y largo plazo, entiende que un proyecto minero no se desarrolla de un día para otro. Sabemos que Chile está en vías de desarrollo, por lo tanto, para los niveles de costo en la industria minera, se necesita recurrir a inversionistas extranjeros”, comenta.

“La Ley es tremendamente negativa para el desarrollo de nuestro país, justamente por el hecho de haber cambiado las reglas para los inversionistas, quienes confiaron en un modelo económico, en una carga impositiva, que fue aprobada hace muchos años atrás, donde ellos evaluaron un proyecto e invirtieron. Espero que esto no signifique un retroceso en este camino, donde estamos tratando de que nuestro país salga del estancamiento económico en que nos encontramos”, critica Valdés.

Finalmente, lo que sí resalta la gerente de BBSC es el aporte del legislador en haberse involucrado en el tema y también al cuestionamiento que existió de cómo se construía esta renta imponible en el sector minero. “Ver cuáles eran los vacíos que existían, desde el punto de vista contable, facilita el pronunciamiento del cálculo de esta rentabilidad, que es donde se fija la base. Eso me parece un aporte y se agradece. Probablemente en los próximos meses el Servicio de Impuestos Internos (SII), difundirá a la sociedad el instrumento operativo de la Ley”, puntualiza.