Para muchos expertos comenzó el “segundo tiempo” del plan de descarbonización. En noviembre pasado, el Gobierno otorgó 45 días de consulta pública (se alargó hasta el 15 de enero) sobre los principales ítems de este proyecto busca avanzar en la transición energética, para promover así un sistema eléctrico bajo en emisiones y llegar a la carbono-neutralidad en Chile.

Este proyecto se enfoca en tres ejes principales: modernización de la red y el mercado eléctrico e infraestructura; descarbonización, reconversión y combustibles de transición; y transición energética justa y comunidades. Pero para Sara Larraín, directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable, el proyecto estatal “es muy deficiente y desilusionante”.

La experta ambiental señaló que el texto comienza con una especia de apología del carbón, con un enfoque y un lenguaje desafortunado. Sobre a los capítulos en día, Larraín sostiene que no se ve ninguna meta nueva, fecha o compromiso concreto con relación al cronograma de cierre o reconversión de las carboneras. “En un momento se acordó el cierre de ocho centrales, que eran las más viejas. Pero eso no es un plan de descarbonización como corresponde”, alertó.

Según lo estipulado, se cerrarían o reconvertirían 1.000 megas. Eso implicaría a las plantas de Andinas, Hornito, Infraestructura Energética Mejillones, Ventanas, Nueva Ventana y Campiche, entre otras. “Lo extraño es que no sabemos lo que va a pasar. Por ejemplo, si van a cerrar todas las comprometidas al año 2025, porque el pasado 21 de diciembre AES vendió Nueva Ventana y Campiche a una nueva empresa. Por lo tanto, no sabemos exactamente si van a cumplir con su anuncio”, agregó en Girl Power.

Retraso en la transición

Otro de los puntos señalados por Sara Larraín tiene que ver con la remediación de los pasivos ambientales de las centrales que se han cerrado. “Tenemos casos como Tocopilla, donde ya se cerraron todas, y no hay ningún plan o remediación de las canchas de acopio de carbón, de los depósitos de ceniza y de la infraestructura de la tubería de enfriamiento que está en el borde costero”, comentó.

Esos detalles mencionados por la directora ejecutiva de la ONG Chile Sustentable, hacen determinar que no se está logrando una transición energética justa, por lo mismo, hacen un llamado al Gobierno para que las empresas cumplan con el desmontaje de aquello. “Estamos tremendamente preocupados porque la transición, claro, puede acelerarse y todo lo demás, pero si es injusta, la verdad es que se deslegitima mucho y eso no debiera ser”, señaló.

El atraso en la planificación de la transmisión es otro de los problemas que ve Sara Larraín en el plan de descarbonización impulsado por el Estado chileno. “Tenemos un tremendo retraso en implementación de las reformas que se promulgaron en 2014. Se estableció una franja fiscal, que es donde iban a estar las líneas de transmisión, las cuales se evaluarían ambientalmente. Eso nunca se implementó. Llevamos 10 años sin haberse implementado ese proyecto de ley”, explicó.

Tener claridad en las líneas de transmisión o tener los polos de energía solar, son responsabilidades que recaen en el Estado para así implementar una transición justa y ordenada, con reglas claras. Por lo mismo, Larraín emplaza al Estado a hacerse cargo de estas tareas. “Lo que falta, es que el Estado asuma todas las atribuciones que tiene y que le dé, en forma dialogada y democrática, un liderazgo, una dirección y una urgencia al cronograma de esta transición”, enfatizó.