A dos años de su puesta en marcha, el Decreto Supremo N° 91 (de 2026) busca modificar el reglamento de la Ley Karin. Dentro de los principales cambios, el acto administrativo busca mayor claridad en las denuncias, pero sin debilitar la protección de los denunciantes y cautelar el debido proceso. El abogado Pedro Matamala explicó los nuevos procedimientos y plazos.

Por ejemplo, dentro de los cambios al reglamento, se debe tener mayor transparencia entre las denuncias no comprobadas versus las hechas con mala fe. Además, en la actualidad hay denuncias incompletas, lentitud en los procesos y poca derivación en algunas ejecuciones. “Lo bueno de la Ley es que se han visibilizado un montón de problemas que había dentro de las organizaciones y que no estaban muy presentes”, señaló el profesional a La Nueva Industria.

Por contraparte, Pedro Matamala indicó que, en un 30% aproximadamente, las denuncias fueron infundadas y, en algunos casos, los procesos fueron muy lentos. “Sobre todo los que se llevan ante la Dirección del Trabajo, que fue el organismo que se llevó el mayor peso de todo. Por ejemplo, procesos que deberían durar, como máximo tres meses, terminaron en más de un año”, comentó.

Para el abogado, hay una brecha generacional importante en la consideración de qué realmente es acoso y qué cosa no lo es. Pero también saber determinar con claridad la diferencia entre acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. “Lo claro de la norma, es que la incertidumbre que todo pasaba por una disfunción en el liderazgo ya no fue. Una de las cosas que descubrimos es que los mayores problemas (y denuncias) eran entre la relación entre pares”, comentó.

Ambiente laboral

Dentro de algunos balances que se han hecho a la Ley Karin, se determinó que casi el 70% de las denuncias fueron presentadas por mujeres y el acoso laboral fue la principal causa (87,5%). Por ejemplo, según estadísticas de la Dirección del Trabajo, se ingresaron 44.212 denuncias, donde solo la mitad abordaban temáticas propias del reglamento que busca erradicar la violencia en el trabajo.

En tanto, registros de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la medida de resguardo más aplicada fue la Atención Psicológica Temprana (APT), presente en el 71% de los casos. Luego, siguieron la separación física (43%), trabajo remoto (5%) y suspensión de funciones (4%). “El fenómeno fundamental es cómo cuidamos el ambiente de trabajo entre pares”, indicó Matamala.

Por último, Pedro Matamala señaló que su estudio de abogados precisó que -con los cambios a través del Decreto Supremo N° 91- cerca del 15% de las denuncias aun vigentes sobre Ley Karin deberían ser rechazadas por insuficiente. “Además, se busca priorizar la investigación interna de la empresa y la imparcialidad de los equipos. Pero yo creo que, tras la toma de razón de la Contraloría (más 90 días), deberíamos tener una caída más o menos del 30% en las denuncias”, afirmó.