A fines de enero de este año, la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó de manera unánime -en general y particular- el proyecto de Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas que busca mitigar las alzas de las cuentas de electricidad proyectadas por la Comisión Nacional de Energía. Juan Ignacio Gómez, coordinador del Congreso Nacional del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, analiza este tema y otras temáticas del sector.

El abogado del centro estuvo presente en dicha comisión para entregar su visión del proyecto, por lo tanto, se refiere a los principales puntos y objetivos de esa exposición. “Hay que tratar de decir en sencillo cómo opera este proyecto y cuál es el impacto en el usuario. Lo más importante es que es un proyecto extremadamente necesario, porque tiene que ver con los rechazos en la dictación de diversos decretos que son necesarios para mantener funcionando los sistemas de precios del sector”, explica a Hágase la Luz.

Juan Ignacio Gómez señala que la idea es que los parlamentarios pusieran el foco en el aumento que va a tener el cliente, por lo tanto, era indispensable darle una perspectiva de que habrá un efecto en el mercado y que para que estos funcionen debe haber reglas claras. “No solamente basta con hacer una solución regulatoria, pero hay que pensar y analizar cuál es la causa sistemática de los decretos atrasados, en distribución, transmisión y generación”, sostiene.

El experto señala que dentro de las prevenciones que realizó fue la importancia de resguardar los decretos en tiempo y forma, por lo mismo, la Comisión de Minería y Energía del Senado se comprometió a introducir una norma transitoria que permitía que los decretos tarifarios, de generación, los PNP y los decretos del VAT, puedan entrar en vigencia cuando se autorice su publicación.

Gómez y el rol del Estado

Pese a las deficiencias que puede tener el proyecto de Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas, Gómez siente que el foco está en aprobarlo, pero de igual forma ve ciertos riesgos en general. “Uno puede advertir que hay dos posibles salidas: seguir acumulando deuda o poner coto a la deuda. Y eso creo que es la mayor virtud del proyecto”, señala.

El experto de Libertad y Desarrollo cuenta que el nuevo proyecto incluye una garantía estatal de hasta el 30% de la deuda. El anterior, por su parte, la Ley 21.472 tiene hasta el 100% de garantías. “Entonces, el problema excede lo puramente regulatorio. Y esa es una de las críticas que también hemos hecho al proyecto. Pensamos que el Ministerio de Hacienda debería estar al lado del Ministerio de Energía explicando los impactos macroeconómicos de esto”, indica.

Finalmente, Juan Ignacio Gómez señala que se tienen que hacer políticas públicas sobre evidencia y con algún grado de seriedad. Por ejemplo, indica, la propuesta de incrementar el impuesto verde, donde se sabe que es meramente recaudatorio, ya que no incide en el despacho de las centrales. “Necesitamos incrementar el rol del Estado en esas licitaciones para tratar de buscar optimizaciones en beneficio de los consumidores regulados”, indica.