El pasado 11 de julio del presente año, el Ministerio de Energía ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Transición Energética, que incluye, entre otras materias, medidas que promueven acciones para incentivar inversiones para el proceso de descarbonización de la matriz de nuestro país. Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, se refirió a la nueva enmienda.

La propuesta del Gobierno busca permitir un desarrollo eficiente de las obras de transmisión eléctrica. Además, quiere hacerse cargo de los desafíos del proceso de transición en términos de la organización industrial del sector de generación. Y como tercera propuesta, requiere licitar un sistema de almacenamiento de gran escala, con una inversión estimada de US$ 2.000 millones, que esté operando antes del año 2026.

En conversación con Daniela González y Danilo Zurita, del programa Hágase la Luz, de TXS Plus; Bustos analiza el contexto del proyecto. “Lo clientes libres o regulados nos encontramos en una situación de costos de suministros bastante complicada. Hace poco tiempo, en un comparativo 2015-2022, el 91% de las cuentas correspondían a energía y potencia. Hoy en día, los cargos que no son potencia ni energía llegan a un 22%”, explica.

El director ejecutivo de ACENOR señala que los cargos que han aumentado son: por transmisión, la cual paga el cliente; por servicio público, que financia el coordinador y que pagan todos los clientes; y los cargos sistémicos, que han crecido en los últimos dos o tres años. “Todos estos se trasladan a los clientes, dependiendo de cómo sea el contrato”, agrega.

Gestión de riesgo

Javier Bustos comenta que, en las nuevas bases de licitación, se comenzará a incluir a los clientes regulados. Señala que toda esta serie de cargos regulados, sumado a más precio de energía y potencia, ha llevado a que hoy el costo total de suministro esté más alto de lo que estaba antes de la interconexión SIC-SING.

“Han pasado más de 5 años del boom renovable y de aprovechar los recursos energéticos que había en el norte del país. Y estamos en una situación peor en costo/suministro. El gran problema que vemos es que, el diseño conceptual por el cual muchos de estos cargos se crearon, se transfirió 100% al cliente. Más que una gestión del riesgo, esto ha sido una transferencia del riesgo”, lamenta.

Y bajo ese mismo contexto, añade: “Siempre hemos sido muy críticos de que, al estampillar el costo de la transmisión, se perdió completamente la señal de localización. Se siguen instalando proyectos en zonas donde hay alta congestión de transmisión, porque no están considerando los costos. Eso además no ha permitido que otros proyectos renovables puedan competir con proyectos en zonas alejadas de los centros de consumo. Ese balance se ha perdido”.

Costo de almacenamiento

Otro de los temas importantes de la industria en general tiene que ver con el almacenamiento, que consiste en acumular energía en materiales que permitan retenerla y liberarla de manera controlada. Javier Bustos sostiene que el Coordinador Eléctrico Nacional presentó estudios donde se indican las necesidades de almacenamiento.

“Es bueno separar entre infraestructura y servicio. Y este tema puede ser provisto por distintas tecnologías. Pero creemos que hay una falta de un diagnóstico claro, porque aparece esta idea de una licitación centralizada, con cargo al cliente, y valorizándolo como si fuese un activo de transmisión. Y en el proyecto de Ley se dice que esto no es para comercialización”, critica.

El director de ACENOR señala que no saben el costo de la infraestructura, aunque han vistos distintos tipos de proyección. Según datos internacionales, de presupuestos hechos en Estados Unidos, los costos de baterías, de más de 4 horas de duración, están bordeando los 2500 millones de dólares para 2 gigas.

Bustos agrega que cuando se anuncia una licitación por almacenamiento, obviamente eso impacta en el mercado. Indica que hoy en día hay poco almacenamiento en operación. “Estuve revisando las cifras de proyectos y hay del orden de 300 a 360 megas en construcción. Y otros 500 megas en calificación ambiental. Y esta licitación va a demorar el avance de estos proyectos. Pienso que es necesario que aquellos beneficiarios directos paguen por el costo de utilización de estos servicios de almacenamiento”, comenta.

Desafíos del proyecto

Bustos también se refiere a la mención del ministro de Energía, Diego Pardow, sobre el Planificador Social Benevolente. “Es una herramienta teórica que utiliza modelos matemáticos de optimización. Es como agregar un nuevo agente que tiene planificación completa, conoce todo, los costos, las preferencias, etc. Conoce la función de bienestar social que tiene que se tiene que optimizar. A partir de maximizar u optimizar esa función se llega al resultado final, que es el óptimo social”.

Sobre las preocupaciones de la Ley, el director de ACENOR enumera: “Nos preocupan los ingresos tarifarios, el almacenamiento, la planificación de la transmisión, la inclusión de obras estratégicas, las obras urgentes que salen del plan de expansión, el presupuesto del Coordinador para las nuevas funciones, etc. Pero lo que mayormente nos intranquiliza es el costo mayor que tendrá el cliente. Creemos que hay modelos más eficientes para asignar los costos”.

Finalmente, y pese a todo, Javier Bustos se muestra optimista sobre el futuro del proyecto, ya que recién se está empezando a discutir. Espera que madure de la mejor manera, se presenten evidencias y estudios de impacto. “Lo importante es asegurar el suministro a los clientes y a las empresas en forma segura, con calidad y renovable. Al proyecto de Ley hay que darle el tiempo que merece”, puntualiza.