En toda su existencia, Chile se ha caracterizado por estar expuesto a muchos desastres naturales. Es común e histórico que ocurran aluviones, erupciones de volcanes, inundaciones, incendios, tsunamis, marejadas y terremotos, entre otros. Natalia Silva, académica de la Universidad de Chile y experta en gestión de riesgo, analiza si nuestro país está realmente preparado para afrontar estos fenómenos.

Las inundaciones ocurridas hace unas semanas, en la zona centro y sur, mostraron una vez más las falencias preventivas que tienen los sistemas de emergencias de Chile. Se sabía hace días que llovería a una altura considerable y que eso podría provocar aumento en los caudales de algunos ríos. Pero aun así no hubo la preparación necesaria para evitar la tragedia.

En conversación con Gabriel León, del programa Rockstars, de TXS Plus; la docente del Departamento de Geografía de la Facultad de Vivienda y Urbanismo de la U. de Chile, se refiere a la preparación real de nuestro país para tales eventos naturales, las políticas públicas necesarias para mejorar y la falta de una institución que ayude a coordinar y recuperar lo dañado.

“Para entender el riesgo uno tiene que comprender la amenaza como la vulnerabilidad y la exposición. La amenaza, desde el paradigma más físico, absorbió toda la comprensión de riesgo.  Muchos países avanzaron en la comprensión del fenómeno. Pero acá no hay una institucionalidad que se haga cargo de la vulnerabilidad, ya que siempre la abordamos desde un punto de vista más social y socioeconómica”, explica Silva.

La docente comenzó a trabajar en la extinta Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, en 2009 cuando cursaba su postgrado en la Universidad, en la temática de vulnerabilidad sísmica en viviendas sociales. Al consultarle al organismo sobre datos de caracterización de vulnerabilidad, este la contacta ya que, hasta esa fecha, no existían tales informaciones.

“El concepto de gestión de riesgos aún no se usaba, era muy académico. Mi primera tarea en la ONEMI fue generar un comité científico-técnico porque, a raíz de la crisis sísmica del fiordo de Aysén, comenzó a sonar la necesidad de instalar una red de monitoreo vulcanológico y sísmico. Se necesitaba generar diálogos entre los organismos técnicos y los servicios públicos”, indica.

Riesgo multidimensional

Natalia Silva comenta además que le tocó coordinar el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010. Y también una misión a Haití, raíz del terremoto del mismo año, que cambiaría su percepción sobre riesgo. “Se le pide a Chile que diseñe una visita técnica al país caribeño. La idea era que compartiéramos el código de diseño sísmico. El viaje nos marcó bastante porque hizo cuestionarnos lo que hacemos. Ver para quién trabajamos, el rol de los sistemas. Y nos dimos cuenta que la gestión de riesgos no es labor de un solo organismo, sino que es un trabajo sistémico”, comenta.

La docente de la Universidad de Chile indica que analizar el riesgo es complejo., ya que requiere conocimientos desde múltiples disciplinas. Sostiene que se debe generar más masa crítica. “Hoy en día trabajan en gestión de riesgo un abanico tremendo de profesionales, desde lo social, político y económico”, agrega.

Sobre la transición ente la ONEMI y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, Silva indica que el terremoto de 2010 marcó una inflexión tremenda en Chile. Ese año, nuestro país estaba en un periodo de implementación de un marco internacional que regía la reducción de riesgo, que era el Marco de Acción de Hyogo. Tras los hechos de febrero, la comunidad internacional centró su atención en cómo se estaba trabajando en nuestro país para evitar los riesgos.

“Y nos dimos cuenta que éramos un país netamente reactivo, ya que no había una gestión de riesgo de desastres. Y tras eso, desde el mundo científico se comienzan a generar centros de investigación. Además, las carreras de geociencia comienzan a tomar más relevancia. Se comienza a hacer más transversal todo. Y se crea el anteproyecto de ley que vendría a reformular la ONEMI. Chile estaba quedando relegado de los avances que se venían dando en otros países sobre riesgo”, explica.

Preparación comunitaria

Antes de 2010, las normativas chilenas (NCh) pasaban por muchos anteproyectos, muchos comités. Tras eso, el Instituto Nacional de Normalización las valida, autoriza y oficializa. Ese camino es demasiado. Y tras el terremoto del 27 de febrero, se activó un mecanismo que fue bastante positivo, ya que la generación de normas agilizó su puesta en marcha.

Natalia Silva sostiene que eso dio lugar a la activación de normativas técnicas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, donde se cuestionaron las fallas de nuestro diseño sísmico. Se preguntó sobre qué falencias hubo, se pusieron en relevancia los elementos no estructurales, pareció el concepto de infraestructura crítica, etc.

“Con los recientes sistemas frontales, las inundaciones, ojalá se activen estos mismos mecanismos para empezar a revisa qué pasó con la infraestructura. Qué pasó con la dinámica hidráulica. Qué pasó con el diseño, ya que hubo mucho puente dañado. Quizás hemos puesto poca focalización en ciertos programas de preparación comunitaria. Hay estructuras sociales que son mucho más vulnerables a este tipo de episodios”, analiza.

Desafíos de Senapred

Tras los sucesos de 2010, la marca ONEMI quedó bastante dañada. Pero sólo dicha institución, sino que todo el sistema. Desde su creación, en 1974, la Oficina siempre tuvo el rol de asesorar y coordinar. Pero la nueva ley, trae el rol de supervisión. “Esto no tiene que ver con fiscalizar ni sancionar. Por lo tanto, hay que generar algo para saber cómo va a operar esta estrategia de supervisión”, indica.

Y bajo ese contexto, añade: “Hay un exceso de instrumentos para la gestión de riesgo de desastres. Y eso pasa desde una política nacional hasta planes comunales. Hay un abanico tremendo. Este 7 de agosto de 2023 se cumplen dos años de la promulgación de la ley (N° 21.364) y es el plazo para que todos los municipios del país cuenten con sus planes para dar respuesta a las emergencias”.

Natalia Silva indica que no sólo basta con planificación o conocimiento, se necesitan además inversión, mitigación, transformación y adaptación. SENAPRED debe definir una estrategia de supervisión para que esos planes logren reducir el riesgo de desastres.

“La reducción de riesgos se miden desde la fatalidad hasta los impactos en alteración, interrupción, colapso de servicios de sistemas productivos, de infraestructura, de patrimonio material, etc. Nos hemos quedado muy atrás en Chile porque no tenemos metodologías oficiales adoptadas que estimen daño y pérdida”, puntualiza.

Hoy el tema del cambio climático propone mayores desafíos. Ya no se debe mirar tanto atrás para aprender de los desastres. Hay que poner foco en la proyección de mediano plazo, ya que van a ocurrir elementos extremos que nunca antes se habían presenciado. “Chile no tiene institucionalidad para la recuperación post desastres. Pero los desastres son constructos sociales, culturales y políticos. Por ejemplo, tiene que ver mucho en cómo construimos socialmente el riesgo, ya sea por la exposición, la densificación, los asentamientos comunales, etc. Nosotros somos maquinas productoras de riesgo”, sentencia.